Hoy, 27 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Turismo con el objetivo de concienciar a la comunidad internacional sobre la importancia del turismo en diferentes aspectos: sociales, culturales, económicos y políticos. Esta visión multidimensional encaja de lleno en la nueva agenda de desarrollo definida por la comunidad internacional y que se plasma en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un asunto tan amplio como es el turismo tendría cabida, por tanto, en varios de estos objetivos: los relacionados con el cuidado del medio ambiente serían por supuesto claves (concretamente el ODS 8 –trabajo decente y crecimiento económico–, el ODS 12 –producción y consumo responsables– y el ODS 14 –vida submarina–); pero no quedarían fuera otros como el fin de la pobreza (ODS 1), la educación (ODS 4), la salud (ODS 3) o incluso la paz (ODS 16), entre otros.
Desde el Departamento de Estudios e Incidencia Social que formamos conjuntamente SED, PROCLADE y PROYDE, no queremos dejar pasar un día como hoy para poner el foco de atención en las consecuencias que en muchos países está teniendo la implantación de grandes proyectos turísticos no sostenibles, por parte de empresas transnacionales, en connivencia en ocasiones –por acción u omisión– con los gobiernos locales. Este y otros aspectos fueron estudiados durante varios años por diferentes equipos investigadores de varias universidades de América Latina, que se reunieron el pasado año en Madrid para poner en común las conclusiones de los diferentes trabajos acerca de las barreras al desarrollo en su región, que también llamamos “anticooperación”. La publicación que agrupa todos estos trabajos, y que hemos titulado “Barreras al desarrollo en América Latina”, será publicada próximamente por la Editora de la PUCRS.
Jorge Turcios, ingeniero del Instituto Nacional Agrario de Honduras, nos habla en primera persona de cómo gobiernos y empresas (tanto de países receptores de Ayuda al Desarrollo como de países donantes) comienzan a invertir en grandes proyectos turísticos que no cuentan con la participación de la población autóctona en relación al modelo de desarrollo deseado para la zona, hecho por el que se están produciendo, tanto en Honduras –desde donde habla Turcios– como en otros países normalmente empobrecidos, desplazamientos y migraciones forzadas, con todo lo que ello implica (principalmente, cuestiones de dignidad humana, seguridad y convivencia). Las asociaciones público-privadas para la generación de grandes proyectos empresariales –como pueden ser los complejos turísticos– tienen por lo general una participación mayoritaria de transnacionales, por lo que son estas quienes toman la mayoría de decisiones, quedando los gobiernos locales con poca capacidad de decisión y protección hacia sus conciudadanos: “las compañías internacionales determinan las reglas del juego”, asegura.
Turcios alude a la necesidad de que las propias comunidades deben también estar abiertas a nuevos modelos de desarrollo, pero no a cualquier precio: “No nos oponemos al desarrollo, pero queremos que las comunidades sean partícipes de él, que los pobladores sean actores de sus proyectos y no tengan que salir de sus comunidades: las comunidades tienen que cambiar, pero no de lugar”, dice Turcios. El funcionario alude también a las vulnerabilidades que presenta la población autóctona para defender su propio modelo de desarrollo: sistemas de educación deficitarios, falta de cohesión social y situación económica frágil.
Además de las migraciones forzadas, las implicaciones medioambientales se tienen en cuenta como algo fundamental a la hora de poner en marcha proyectos turísticos. De esto trataba precisamente uno de los trabajos incluidos en nuestra investigación conjunta: la Universidad La Salle de Costa Rica realizó su investigación sobre el “Expolio de recursos naturales y acaparamiento de tierras”, dedicando un capítulo al impacto del turismo en el país centroamericano en las últimas décadas.
En un mundo interconectado y en el que la fuerza de una sociedad civil organizada es fundamental para el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, el trabajo que desarrollan las organizaciones sociales, tanto autóctonas como de cooperación al desarrollo (como somos, SED, PROYDEy PROCLADE), puede ser clave a la hora de generar proyectos de turismo que sean sostenibles y responsables tanto como con las personas como con el medio ambiente: a través de proyectos de formación profesional, de fortalecimiento institucional y de la sociedad civil, y de la incidencia social y política.
En este último punto, destacamos precisamente la labor de incidencia política desarrollada por la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) –a la que pertenecemos SED, PROCLADE y PROYDE– y de la iniciativa Enlázate por la Justicia. Precisamente esta semana hemos hecho público nuestro posicionamiento tras la aprobación del I Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, señalando la necesidad de afrontar con la debida rotundidad la protección de los Derechos Humanos en el exterior a través de los procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado y de la diligencia debida, en un esfuerzo para que la coherencia de políticas sea una de las señas de identidad de nuestra cooperación al desarrollo.
El turismo como generador de trabajo y mejora de las condiciones de vida debe poner atención especial a los más vulnerables. Por ello, desde nuestras organizaciones, invitamos a disfrutar de un turismo sostenible y responsable que respete a las personas, “sin dejar a nadie atrás” como señala la Agenda de Desarrollo vigente hasta el año 2030.